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Solemne apertura del Curso Académico 2014/2015

El jueves 9 de octubre de 2014 se celebró la Solemne apertura del Curso Académico 2014/2015.
Lectura de la Memoria 2013/2014 a cargo del Vicesecretario General D. Francisco Glicerio Conde Mora.
Lección inaugural a cargo de D. Ignacio Moreno Aparicio, Presidente del Ateneo, titulada, “Reflexiones desde el Ateneo sobre España e interrogantes sobre su futuro”, siendo presentado por el periodista y ateneista Fernando Orgambides.

Aquí el discurso del Presidente:

Muchas gracias querido Fernando por tus cariñosas palabras de presentación y muchas gracias a todos los presentes por su asistencia. Esta es la décimo quinta apertura de curso (Pte – Prerrogativas)

Dicho esto, me tomo la libertad de ofrecer mi intervención dedicada a “Reflexiones desde el Ateneo sobre España e interrogantes sobre su futuro”. Mi aportación consistirá únicamente en trasladar la preocupación que ilustres catedráticos y juristas plantean sobre el futuro de España.

Siguiendo el paralelismo entre la vida del Ateneo desde su nacimiento y el de la sociedad española, podemos comprobar cuán convulsa, inestable y cambiante ha sido nuestra historia y, por esta razón, desde la experiencia del Ateneo, deseo reflexionar en voz alta sobre algunas cuestiones del presente que ni son nuevas ni deben sorprendernos. Respetando todos los puntos de vista sobre esta cuestión ofrezco a los presentes la posibilidad de quien quiera plantear otra visión diferente pueda utilizar esta tribuna.

El Ateneo históricamente, ha sido una tribuna abierta jurídica, política y socialmente a todas las ideas y sólo cito algunas referencias en las personas de presidentes: Ayllón Altolaguirre, Rafael de La Viesca, Alfonso Moreno Espinosa, Adolfo de Castro, Cayetano del Toro, Ramón Ventín, Enrique Álvarez, Jose Mª Pemán, etc. Con esto vengo a referirme que por su presidencia y su cuerpo social han pasado todo tipo de ideologías (monárquicos, republicanos, conservadores, liberales, federalistas e, incluso, por qué negarlo, simpatizantes a dictaduras). Es por ello que el pequeño Cosmos del Ateneo de Cádiz tiene su bagaje y su experiencia como para observar, reflexionar y dar su opinión desde el punto de vista de una entidad que no se juega nada particular en la batalla por el poder. Con esto quiero decir, que no hay dos socios que piensen igual pero todos remamos en la misma dirección. Esto que puede parecer algo tan sencillo de entender lo podemos extrapolar a la sociedad que nos rodea y veremos que no resulta tan evidente.

Como ciudadano español, venimos asistiendo cada vez más preocupados por el futuro que se nos viene encima.

Si me permiten, voy a desgranar algunas reflexiones

La primera es: ¿Somos realmente un Estado social, democrático y de Derecho conforme se pensó en 1978?

La realidad objetiva es que los artífices de la Transición fueron compatriotas con bastante buena intención y nula experiencia democrática. La Constitución de 1978 procuró buscar una salida prudente y consensuada a una situación muy complicada y dolorosa. ¿Dónde puede radicar, el verdadero éxito de la Transición? En que personas sin ninguna experiencia democrática pusiesen todo su sentido común y el consenso encima de la mesa. Todos renunciaron a algo y todos pusieron su granito de arena. Las naciones florecientes, precisamente, se asientan en crecer y mejorar sobre una base sólida.

El texto podía ser mejorable pero en gran medida dependía de su desarrollo y el uso e interpretación que se hiciese de ella….y ahí es donde ya las cosas parecen no haber dado un resultado aceptable.

La politización de tribunales y agencias independientes, la corrupción sistémica, el agravio comparativo, el trato de favor a los poderosos, la amenaza de secesión territorial, el declive de la Administración profesional y tantos otros problemas están ahí delante para el que los quiera ver.

Es más que evidente la falta de educación cívica, la falta de respeto a las normas jurídicas y de la extendida ausencia de principios éticos sólidos, sin los que es difícil que un sistema de convivencia funcione.

Las normas, a través de los correspondientes procedimientos, pueden ser elaboradas por una determinada mayoría, pero se aplican a todos por igual. Lo que en ningún caso admite una democracia o un Estado de derecho es que existan leyes más flexibles para unos que para otros, ya sea porque se promulguen con carácter singular en beneficio de unos pocos o porque siendo generales, se apliquen de manera diferente, como resulta tan frecuente en el ámbito fiscal o, sobre todo, penal, con los políticos y los poderosos, ya sea vía amnistías fiscales, aforamientos o indultos.

Hemos dejado de ser ciudadanos comprometidos con el propio entramado institucional.

Si nuestra clase política demuestra tal capacidad de resistencia frente a los cambios es también porque ha sabido construir una red clientelar generadora de múltiples complicidades que ha penetrado profundamente en el cuerpo social.

Lo que de verdad es preocupante es que gracias a la ley electoral y las listas cerradas, los partidos políticos no están aportando precisamente ciudadanos democráticos de pedigrí. No es posible que todos los proyectos que presente un gobierno sean buenos y los de la oposición sean malos. El ciudadano lo que quiere es soluciones y esas casi siempre provienen del diálogo y el acuerdo.

Nuestro problema singular no deriva exclusivamente de que seamos latinos, católicos, mediterráneos o sentimentales. El problema no radica en nuestra religión, en nuestra cultura, geografía, historia o genes. El problema radica básica y fundamentalmente en nuestra EDUCACION en general y en nuestra Educación cívica en particular.

El fracaso de la educación en España es en gran parte el resultado, y no sólo la causa, del deterioro de nuestro sistema político e institucional. Que el sistema de elección es perverso, que el clientelismo impide a las instituciones funcionar con imparcialidad y eficacia, traduciéndose en un sistema donde las normas no son iguales para todos.

El marco jurídico político diseñado en 1978 ya no nos sirve en su integridad y debe reformarse en aspectos esenciales, pero es que ni siquiera funciona como tal y como fue concebida, porque se ha hecho un mal uso de él.

Existe un interés en la apariencia de que todo sigue igual, guardando unas formas que ocultan la cruda realidad.

Por supuesto, nuestra clase política sigue apelando al voto como una responsabilidad ineludible de los ciudadanos, ante el riesgo de que la falta de participación deslegitime de forma grave el sistema, y escenificando artificiales contiendas ideológicas que en realidad responden a puras tácticas electorales. Hay una práctica imposibilidad de llegar a acuerdos satisfactorios para los españoles en temas como la Educación, la organización territorial del Estado o la Sanidad.

Es imprescindible cambiar las bases de nuestro régimen electoral, que en la actualidad consagra el mandato imperativo y ha servido para reinstalar en España un caciquismo de nuevo cuño. Necesitamos parlamentarios que pongan por delante la voz y los intereses de sus representados a los de su partido.

¿Y, dicho lo anterior, cuál es el segundo mayor problema de España? 

Que debemos afrontar de una vez una modificación de nuestra estructura territorial que deslinde de manera clara las competencias del Estado de las Comunidades Autónomas. No es reinstalar el centralismo, sino de atribuir al Estado las competencias mínimas que le permitan defender la unidad de mercado, la solidaridad interterritorial y la igualdad y deberes de todos los españoles.

En las Cortes Constituyentes estaban al alcance de la mano sistemas de organización territorial más que consolidados y experimentados: sistema federal, regional, cantonal, centralista, etc…. Y se quiso inventar uno nuevo que fuese síntesis de varios y encajasen todas los fantasmas del pasado sin discernir el grano de la paja.

En España tenemos 17 de todo. Y claro está, tenemos 17 centros de producción legislativa, además del Parlamento nacional. 17 Parlamentos autonómicos que se entretienen promulgando continuamente normas sobre todo tipo de cuestiones y por supuesto de forma descoordinada, convirtiéndose en un caos administrativo y legislativo. Es decir, se ha creado una selva legislativa dificilísima de digerir….y generadora de desigualdades, problemas de convivencia, etc.

El Informe CORA sobre la reforma de las administraciones públicas avisa de que los ministerios han detectado nada menos que 5.800 normas de 28 sectores económicos que podrían estar afectando a la unidad de mercado.

Existe un artículo en la Constitución, el 139, que recuerda que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en todas las partes del territorio español. podemos decir que hace ya mucho que los españoles no tenemos los mismos derechos y obligaciones en todo el territorio español.

Por desgracia, tenemos 17 Parlamentos regionales, 17 Defensores del Pueblo autonómicos, 17 tribunales de defensa de la competencia, 17 cámaras de cuentas, 17 consejos consultivos, centenares de Observatorios, Fundaciones de todo tipo y multitud de organismos públicos pagados con dinero del contribuyente cuya utilidad no está nada clara más que para quienes viven de ellos.

En definitiva, es imprescindible en esta tarea de regeneración democrática pinchar la burbuja normativa y replantear las competencias de las comunidades autónomas en esta materia.

Por otra parte, el uso de los Decretos – leyes cuando es equilibrado y justo, es correcto. Sin embargo, su abuso no, porque supone que el gobierno de turno se convierte en Parlamento, dejando a este una función testimonial. En 2012, el Parlamento aprobó 8 leyes orgánicas y 17 leyes ordinarias, en total, 25. Pues bien, en ese mismo año el Gobierno dictó 29 Decretos leyes. El abuso del decreto ley es una de las causas y efecto de la degradación actual del Parlamento español.

Hoy se pueden contemplar las consecuencias de nuestro modelo territorial como un paisaje después del paso de un ciclón; aeropuertos vacíos, edificios faraónicos criando telarañas, proveedores al borde de la ruina porque las administraciones pagan tarde y mal, con altos impuestos que ahogan la economía productiva, la ruina de nuestras Cajas de ahorros, tomadas y gobernadas en algunos casos temerariamente por políticos regionales y lo que es peor, el lamentable espectáculo de la corrupción, con un lacerante paro juvenil que ronda el 50% y cuyos mejores representantes tienen que marcharse fuera.

Y qué me dicen del desatino del nuevo Estatuto catalán que trajo a continuación un nuevo rediseño improvisado del Estado con la reforma a la carta de los demás. Permitir que a partir de 2004 cada comunidad autónoma procediera a aquellas modificaciones de su texto estatutario que considerara pertinentes sin existir un acuerdo previo de conjunto sobre el diseño del Estado y el reparto de competencias, sin siquiera estudios sobre la materia, y dando por buenas porque sí las pretensiones de los gobernantes regionales de asumir nuevas competencias, fue algo peor que una imprudencia, fue un desatino que carece de parentesco alguno con los modelos descentralizadores conocidos.

Los Estatutos de Autonomía y sus reformas, las leyes de transferencia y los decretos de traspaso se han ido aprobando en función de modas, de regateos oportunistas o incluso meras ocurrencias de políticos iluminados, sin que de verdad se supiese a dónde se quería llegar y por qué.

Tras años de ofensiva nacionalista política, social y cultural, en esas regiones dominadas por el nacionalismo encontramos algunas extrañas peculiaridades. No existen apenas señales de que nos encontramos en territorio español.

El lenguaje ha sufrido también una sutil transformación. Algunas palabras y expresiones se han convertido en malditas, como “España”, o “ámbito nacional”, sustituidas por el “Estado” y “ámbito estatal”.

El nacionalismo desarrolla una ingente labor de ingeniería social para que la sociedad se parezca cada vez más a lo que ellos consideran que debe parecerse. En este ambiente nos encontramos con episodios tan insólitos como chuscos. Si un regimiento de montaña del Ejército sube a un monte vasco y despliega allí la enseña nacional, la ”provocación” ha de compensarse con una procesión de ikurriñas que limpien el honor mancillado de la cima. En una Academia de cadetes de Cataluña se borra el lema, “Todo por la patria”, no sea que se refiera a una equivocada. En las corridas de las plazas de toros vascas las banderillas no pueden ser rojas y amarillas e igualmente ocurre lo mismo en los parterres de flores de los jardines no se vayan a molestar algún ciudadano nacionalista.

Por otro lado, la lengua como signo identitario cuasi obligatorio supone además un eficaz instrumento de separación, al dificultar la movilidad laboral o estudiantil respecto al resto de España.

Para sus planes de transformación, el nacionalismo ha desarrollado en esos territorios un proselitismo más difuso que explícito, y como tal muy eficaz. Con todo el poder que se iba consiguiendo se ha montado una formidable máquina de propaganda, especialmente gracias a las transferencias de educación y cultura.

Así por ejemplo, no puede aplicarse la ley de banderas, por cierto, aprobada en su día con el voto favorable de los principales partidos nacionalistas, pues la nacional perturba el sosiego ciudadano, la pax identitaria. Para evitar problemas, no debe exhibirse ni para celebrar triunfos de la selección española de futbol. Las sentencias sobre el uso del castellano como lengua vehicular en Cataluña se incumplen sin más, sin que el desacato tenga consecuencia alguna.

Ese impune incumplimiento de muchas normas persigue unos objetivos precisos. La población no nacionalista ha quedado en situación de desamparo con la virtual retirada del Estado en esos territorios y con el desestimiento de los Gobiernos centrales de hacer cumplir la ley a las autoridades locales. Y resulta paradójico que los líderes de los partidos nacionales que han contribuido al crecimiento del problema con su pasividad, que han mirado hacia otro lado cuando la ley era pisoteada y que han optado por no usar las armas democráticas que tenían a su alcance para restablecer la legalidad, ahora, cuando la ofensiva nacionalista catalana por la secesión es ya más que manifiesta, quieren usar la Constitución como parapeto y como principal argumento para resistirla.

Sin embargo, el resto de las regiones autónomas no ha necesitado de tales razones para seguir la misma senda. Al prejuicio de que el único camino posible a partir de la indefinición constitucional era el de las transferencias progresivas le siguió el de que las regiones que recibieran menos eran “de segunda”. Y como ninguna quería esa condición, todas reclamaron más y más poder ante la cómplice pasividad de una clase política nacional dispuesta a ceder desde su propia confusión. Nuestro modelo territorial es contemplado por los analistas internacionales como la principal dificultad para racionalizar el gasto público y reducir el déficit.

La crisis de nuestro modelo institucional es hoy ya indudable.

Se trata simplemente de analizar con rigor cuáles son los servicios públicos que es preciso dar y cuál es la manera más eficiente y menos costosa de hacerlo sin pérdida de su calidad y sin disfunciones ni duplicidades. Diseñar para ello un nuevo modelo global y definitivo y que el mismo disponga de incentivos adecuados y de mecanismos de control y responsabilidad para evitar la corrupción y el despilfarro.

Y muy probablemente no haya más camino para ello que la reforma constitucional.

El propio sistema actual, en su desenvolvimiento, con el empeño de los estatutos en blindar competencias, ha cegado otras salidas. La mayoría de ellos exigen para sus reformas, o al menos para las que impliquen devolver competencias, mayorías muy cualificadas, generalmente de dos tercios o tres quintos de los parlamentos regionales. Y, además, es de ellos mismos de donde debe de partir la iniciativa, dado el carácter de doble ley o ley paccionada que tienen esas normas, y que excluye la reforma unilateral por el Estado.

El que la mayoría de la población de Cataluña pueda querer hoy la independencia no es un problema pura o básicamente legal o económico. Es un problema político y de enorme magnitud. Y que no puede seguir enfrentándose desde la pasividad o diciendo como mantiene nuestro Presidente, que todos tranquilos, que la secesión no se va a producir porque la Constitución no lo permite. O porque sacaría a Cataluña de la UE. Con esos argumentos el problema seguirá ahí y seguirá agravándose. Y si mala solución tiene ya hoy, peor la tendrá en el futuro.

Las soluciones al problema territorial español por la vía de concesiones sucesivas a los nacionalistas se han demostrado fallidas y además han contribuido de forma notable a nuestra gravísima crisis económica con la hipertrofia autonómica generada.

En nuestro futuro modelo es preciso dar entrada a ese derecho de separación, con límites y cautelas semejantes a las canadienses, como parte de la solución. No podemos tampoco seguir prorrogando una situación que nos trae tantos problemas. La sistemática violación de las leyes, o los códigos paralelos, deben cesar. Pero será mucho más fácil si a la vez se les enseña la puerta. “Podéis marcharos si queréis, siempre que se cumplan estas necesarias condiciones – seles diría -, pero lo que no vais a poder seguir como habéis estado hasta ahora con un chantaje permanente”.

Para evitar la secesión en condiciones que merezcan la pena, es preciso perderle el miedo. Creemos que, como los habitantes de Quebec, la mayoría de los vascos y catalanes preferirían quedarse. Pero ha de ser desde la convicción y en un proyecto compartido que enmiende con el tiempo todos los destrozos, toda la separación que el nacionalismo ha conseguido ya. Porque el resto de España no gana teniendo en su seno a territorios mayoritariamente hostiles. Por eso es preciso afrontar de una vez el problema para resolverlo en lugar de seguir escondiéndose de él.

¿ Y que me dicen de los aforamientos ?.

Desgraciadamente, España es el paraíso terrenal de los aforamientos. Lo que es totalmente lógico en un país medianamente serio sin aforamientos, aquí es totalmente anormal. 17.000. Tercermundista.

¿ Estarán los responsables y representantes políticos constitucionalistas a la altura de las circunstancias para encontrar una salida razonablemente lógica y positiva a los problemas planteados ?, ¿ serán capaces de pactar un consenso como mínimo igual de generoso que el que se fraguó en la Transición ?, ¿ se pondrán de acuerdo para establecer un nuevo estado de las autonomías reequilibrado donde el Estado central recupere determinadas competencias que son esenciales para que el Estado funcione con lógica y coherencia ?, ¿ Si en la República Federal de Alemania se pusieron de acuerdo los dos grandes partidos (CDU y SPD) para formar la “Grosse Koalition” y fueron capaces de limitar las competencias de los Landers recuperando el Gobierno Federal aquellas competencias que disminuían su autoridad ante estos, serán capaces nuestros representantes de hacer algo parecido ?, ¿ Para cuando una independencia de la Justicia separada del control político ?, ¿ Tendremos cambios en la ley Electoral que las hagan más transparente y democrática ? ¿ Se podrá pactar de una vez una Ley de Educación que por lo menos dure para varias generaciones de españoles ?, ¿ podremos ser alguna vez un ejemplo de país con ciudadanos orgullosos de que nuestros representantes constitucionales defiendan conjuntamente un mínimo común de políticas similares para toda España en temas de Asuntos Exteriores, Defensa, Infraestructuras, Justicia, Administraciones Públicas, Sanidad, Vivienda, etc, etc. ?. La ausencia de un proyecto común ilusionante y cívicamente ejemplar para toda España es lo que provoca que existan serias dudas sobre su viabilidad al respecto.

¿ Seremos capaces de superar esta situación de indolencia donde todo se espera de la legalidad y de la actual Constitución ?.

Creo sinceramente que no sólo el problema catalán sino todo lo referente a la arquitectura judicial y a la corrupción en los partidos e instituciones públicas, han ido mucho más allá de donde el sentido común y el buen gobierno deberían haber dicho basta ya hace mucho tiempo.

Ojalá que los intereses generales primen alguna vez por encima de los partidistas y seamos capaces de encontrar el camino adecuado para el encaje pacífico y fraternal entre todos los Españoles.

¿ Cuál sería el camino y la solución más adecuada a estos problemas ?, ¿ una alternativa federal, confederal, centralista, descentralizada, más Autonomías, ? Pues apuesto por el sentido común y no el del egoísmo. Ni las objeciones europeas a las diversas fiscalidades entre regiones o descontroles de gastos parecen hacer mella en los que deberían aportar las soluciones. ¿Habrán calculado si hay un punto de no retorno? El ciudadano de “a pie” ya está dando pruebas más que suficientes de hartazgo y desapego hacia la clase política que no les aporta soluciones mientras le echa encima más problemas. La experiencia escocesa ha sido muy enriquecedora. En apenas dos semanas de hablar seriamente de las ventajas e inconvenientes, ha desatado el temor a salir perdiendo si cada uno va por libre.

Sea el camino que se quiera tomar ante la insostenible situación de la organización territorial española, repito que el sentido común va a tener que imperar porque hay dos cuestiones evidentes: a) no se puede gastar más de lo que uno ingresa; y b) Europa no acepta en teoría juegos en estos temas internos. Verdaderamente parece que algunos no aprenden en cabeza ajena: en Escocia no ganó las ganas de ser británicos, ganó el sentido común. El progreso de España es el progreso de todos sus territorios los llamemos como los llamemos. ¿Prefiere ud. Denominarlos “regiones”, “cantones”, “landers”, “estados” o “distritos”? Me da igual el nombre mientras que quede claro que lo importante es que todos debemos ser iguales en derechos y obligaciones.

Permítanme que sean los expertos los que delimiten el camino más adecuado y aconsejable democráticamente con el visto bueno de todos los españoles. Parafraseando a Bob Dylan, “la respuesta está en el viento”. Elijan ustedes lo que mejor consideren para el futuro de nuestros hijos y nietos si nos dejan. Muchas gracias.

BIBLIOGRAFIA:
¿ Hay derecho ? La quiebra del Estado de derecho y de las instituciones en España. Colectivo Sansón Carrasco. Colección Atalaya.
Fuentes: Artículos periodísticos en diferentes Medios de Comunicación realizados por los siguientes Catedráticos

– Santos Juliá
– Luis Garicano
– Vicente Navarro
– Francisco Sosa Wagner
– Jorge de Esteban
– Santiago Carbó
– Emilio Ontiveros
– Antonio Elorza
– Enrique Gimbernat

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Sobre Ateneo de Cádiz

VALERIA ROCCELLA Social Media Manager y dependiente de Secretaría del Ateneo Literario, Artístico, Científico de Cádiz. Licenciada en Comunicación y Publicidad para Administraciones Públicas y Sin Ánimo de Lucro en la facultad de Ciencias Políticas, Sociología, Comunicación de la Universidad "La Sapienza" de Roma. Master en Critica Periodistica en la Academia Nacional de las Artes Dramaticas "Silvio D'Amico" de Roma.

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