Foto de Hans Josef Artz
El Ateneo de Cádiz atesora ciento sesenta y dos años de vida y, al ser una institución que ha conocido ya tres siglos, ha podido ser testigo de un largo periodo de la historia de nuestro país, de sus convulsiones y de sus avatares políticos y sociales. Es importante enfatizarlo porque la presente reflexión no puede ser entendida como una apasionada reacción ante recientes sucesos o decisiones municipales. Una entidad que ha debido convivir con diferentes monarquías, dos repúblicas, sublevaciones nacionales o locales, dictaduras y la actual democracia debe responder a su propia historia. Cada época ha tenido sus circunstancias. Entre sus miembros, no ha faltado ni una sola tendencia política o ideológica de las presentes en cada momento histórico. Precisamente por esta razón, entendemos que podemos expresar una opinión independiente y avalada por nuestra trayectoria coincidente con la de sus integrantes que han tenido que convivir con los cambios políticos y sociales de los diferentes contextos históricos.
La Ley de Memoria Histórica y su posterior desarrollo autonómico y local tiene una legitimidad que no ha sido contestada en cuanto que la sociedad española, a través de sus legítimos representantes, considera que debe repararse a aquellas personas que sufrieron la represión de la dictadura derivada de la Guerra Civil. Por sentido común, debe aceptarse que los actos injustos e ilegítimos derivados de una dictadura requieren ser resarcidos en la medida de lo posible. Por tanto, es difícil objetar que una decisión de nuestras instituciones democráticas sea dudosa salvo prueba en contrario. Pero en muchas ocasiones, la práctica de esas medidas puede ser adoptada con mayor o menor acierto. Siendo el objetivo de la Ley de Memoria Histórica remediar daños siguiendo la senda de la conciliación y la unión de toda la sociedad, es preciso señalar que hay polémicas innecesarias o estériles en tanto que los poderes públicos no pueden desoír las diferentes posiciones y opiniones en el seno de la sociedad civil. Y, en este punto es donde deseamos señalar algunas cuestiones que entendemos no están del todo alineadas con el objetivo principal de la ley que se toma como soporte para esas decisiones.
La retirada del busto de Mercedes Formica ya provocó una polémica que adquirió repercusión nacional y que debía haber servido de recomendación para futuras acciones. Nuevamente, hemos asistido a una crispada polémica con el traslado del busto y la placa de la casa natal de José María Pemán. No compartimos del todo algunos de los argumentos que hemos podido observar en los diferentes medios de comunicación en días pasados. Creemos que los mismos deben ir más enfocados a esa reconciliación definitiva que a veces es frenada por el reincidente revisionismo de nuestra historia. Es en este aspecto donde expresamos nuestra preocupación: cuando las decisiones y las opiniones se desarrollan en un marco de enfrentamiento en lugar del consenso y el diálogo como patrón de conducta de una sociedad madura y democrática.
Es evidente que la figura de José María Pemán no resulta indiferente en la sociedad gaditana entre otras razones porque no ha transcurrido aún el tiempo suficiente para analizar al personaje con mayores dosis de objetividad que las que socialmente se pueden dar. Parte del problema de esta polémica ha sido la confusión suscitada por unos y otros tratando de justificar sus respectivas posturas por uno solo de los aspectos de su biografía y provocando un ambiente de enfrentamiento innecesario. Lo mismo sucedió, en su día, con Mercedes Formica. Reflexionemos si no se espera de nosotros que hagamos las cosas de otra manera procurando respetar la libertad de expresión y la libertad de las ideas de todos, con la tolerancia como marco de convivencia.
José María Pemán, al igual que aquellos a los que les tocó vivir la desgraciada Guerra Civil y su posterior dictadura, compartió una toma de postura política que hoy resulta imposible de aceptar. Del mismo modo, muchos de sus coetáneos de diferente ideología defendieron o tomaron parte en acciones igualmente imposibles de justificar en la actualidad. Hasta ahí, creemos que el consenso es casi unánime. Pero estamos en el año 2020 y se nos presupone otra altura de miras. Pensamos que no podemos quedarnos solamente en las posturas políticas de Pemán, Formica u otras personas que puedan contemplarse en la aplicación de la citada ley. Es evidente que no todos los españoles tuvieron las mismas oportunidades ni opciones en cuanto que les tocó vivir en una sociedad sin libertades fundamentales. En cierto modo, todos los españoles -excepto los presos o exiliados- tuvieron que tener alguna relación con el régimen franquista. Convencidos o no, los españoles convivieron en un sistema que no permitía alternativas libres y participaron en él donde quisieron, pudieron o les obligaron.
Pero lo que nos debe inquietar es que la aplicación de la Ley de Memoria Histórica no se circunscriba a los objetivos de la misma y su aplicación se derive hacia determinadas actitudes partidarias que nieguen realidades propias de cada contexto histórico y social. Pemán y Formica, no pueden juzgarse solo desde su opción política. Ambos desarrollaron una actividad cultural que les hace merecedores de un reconocimiento singularizado. Guste o no guste, son autores reconocidos en diversas materias humanísticas y este acervo cultural no puede perderse porque devaluaremos nuestra fecunda y «completa» historia. No debemos repetir el error de resucitar las «dos Españas». No podemos hurtar a las siguientes generaciones el acceso a sus obras para que puedan valorarlas libremente y en su justa medida.
Entendemos que el camino hacia la cohesión social de una sociedad democrática no pasa por la crispación ni por una visión reduccionista. La legalidad no debe estar reñida con la legitimidad y esta se obtiene por el camino de la concordia. La confusión tampoco puede proceder de los poderes públicos que aplican una ley subrayando un aspecto sin recordar otros. Si esto se asienta como criterio, nos tememos un déficit cultural al instalarse un revisionismo que nos puede privar del legado de toda una generación de autores e intelectuales que padecieron el infortunio de vivir la Guerra Civil y la dictadura.
El Ateneo desea llamar la atención, desde su independencia política, para pedir que la Ley sea aplicada con prudencia y respeto a la integridad de la memoria histórica de toda nuestra sociedad y no solo de la de algunas de las partes políticas interesadas. Llamamos a todas las administraciones y entidades civiles a recordar que es una lamentable irresponsabilidad propiciar la crispación en lugar del diálogo y la tolerancia. Las administraciones tienen un deber de educación cívica y de promoción de la cultura. Si se desea hacer pedagogía democrática, manténgase el equilibrio y el deber de informar con la mayor objetividad posible. Pemán desarrolló una extensa obra y dejó un legado cultural que no es discutible ni se puede esconder. Es necesario que el Ayuntamiento de Cádiz no olvide el nombre y las aportaciones de autores gaditanos que conforman nuestro pasado más allá de los juicios personales descontextualizados. Solicitamos al Ayuntamiento que resguarde el patrimonio cultural de la ciudad depositando el busto y la placa (obra de Vasallo) en un lugar acorde con la importancia que tuvo el Pemán literato. En muchas ciudades, existe una galería de ciudadanos ilustres cuya inclusión responde a un solo acto o servicio destacable en cualquier época.
Pemán fue el presidente del Ateneo que más años ostentó dicho cargo en la institución. En nuestra galería de presidentes desde 1858, no todos los personajes están exentos de luces y sombras. Esta realidad es extrapolable a todas las instituciones. Se debe recordar al Pemán director de la Real Academia de la Lengua, escritor, autor teatral, colaborador periodístico, gestor cultural, impulsor de los Cursos de Verano y, también, su abrazo con Rafael Alberti Personajes con menos méritos humanísticos tienen calle, placa o significación pública. Cuidado con destruir el todo por una parte.
José Almenara Barrios
[Artículo publicado en el Diario de Cádiz el 13 de marzo de 2020]