El año 1978 dejó huella en la historia de España. Los españoles ratificaron el día 6 de diciembre, mediante referéndum, el texto constitucional que daba lugar a la etapa más larga de historia democrática de nuestro país.

Bajo la realidad política de la España actual caben dos preguntas: ¿debemos continuar con una etapa heredera de la que conmemoramos? o por el contrario ¿debemos de iniciar un proceso rupturista con la misma?

Para resolver la cuestión planteo 4 consideraciones, una por cada decena de años cumplidos por nuestra Carta Magna.

Primera consideración: La constitución española fue guía de un proceso político sin precedentes en Europa. Dando lugar a una transición, no exentas de problemas e inseguridades, pero correcta en su fondo y forma, que definitiva y felizmente instauró la democracia en España. Alejando viejos fantasmas golpistas y asentado la soberanía en los ciudadanos. La redacción de esa Constitución también fue, en gran medida, un acto de generosidad y de reconciliación.

Segunda consideración: La democracia facilitó el advenimiento del estado del bienestar. El Estado español se organizó según el dictado de la Constitución de 1978 para conseguir un país solidario que trató de corregir desigualdades y trató de resolver problemas concretos de los españoles. Un país con unas cotas de descentralización no asimilables a ningún otro estado europeo y, que extendió la libertad, las comunicaciones, las mejoras sociales, la sanidad y la educación a un nivel hasta entonces no alcanzado.

Tercera consideración: La necesidad de opinar sobre este tema en este momento concreto viene motivada, en gran medida, por el desengaño que en determinadas circunstancias nos plantea la clase política. Creo, que el proceso democrático español no está amenazado por la pervivencia de nuestra Constitución. No parece que la Constitución esté agotada ni mucho menos. La degradación del sistema opera sobre la base de una presumible perdida de honradez de aquel que tendría que ser paradigma de la misma. Conviene recordar aquí la cita de Simon Leys en la Introducción de uno de los libros de esa gran filosofa que fue Simone Weil (1909-1943) y que dice: “La primera cualidad de un político es la integridad. La integridad requiere independencia de juicio. La independencia de juicio rechaza los decretos partidistas, pues los decretos partidistas suprimen en la conciencia del hombre todo sentido de la justicia y el sabor mismo de la verdad. Cuando tales verdades básicas se ignoran, el Parlamento se convierte en un circo indecente, que provoca consternación y desprecio en la gente de cualquier tendencia política. Cuando los votantes desconfían y desprecian a sus representantes, la democracia en sí se encuentra en peligro.” Se puede inferir del párrafo que gran parte de la insatisfacción ciudadana podría derivarse de la partitocracia reinante, que según el filósofo Gustavo Bueno «constituye una deformación sistemática de la democracia. Cada partido tiene sistemáticamente que atacar al otro». En nuestro caso, es un mal derivado de la Ley electoral y no es un problema constitucional.

Cuarta consideración: La propia redacción de la Constitución española la hace reajustable. Es decir, puede admitir un acomodo periódico en función de la evolución social y del paso del tiempo, si así se requiere. Pero, los planteamientos para posibles transformaciones deben descansar en la libertad, en la buena voluntad y en el entendimiento. Dice Emilio Lledó que “lo que nos hace seres humanos parece que consiste en hablar, entender y comunicar.” Mal asunto plantear una solución turbulenta que rompa de manera definitiva con el modelo constitucional actual. Cualquier texto constitucional por muy bueno que sea, no resistiría un asedio fuera de un interés de perfeccionamiento normativo y de convivencia. Además, puede que no sea el mejor momento político para entrar en un proceso de revisión constitucional.

En definitiva, es mejor crear las condiciones reformistas que faciliten una evolución responsable y poco precipitada, que permitan los ajustes necesarios que admitan seguir conmemorando la Constitución de 1978.

José Almenara Barrios
Presidente del Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz

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